Por Eleonora Lamm
Durante el último mes se materializaron tres documentos significativos sobre gobernanza de la IA: la Declaración Ministerial del G7 sobre Digital y Tecnología, adoptada en París el 29 de mayo bajo la presidencia francesa; la Orden Ejecutiva para Promover la Innovación y la Seguridad en la Inteligencia Artificial Avanzada, firmada por el presidente Trump el 2 de junio; y, con diferencia la contribución más inesperada, la Magnifica Humanitas, una encíclica sobre IA publicada por el Papa León XIV el 15 de mayo.
Rara vez tres documentos tan distintos en origen y autoridad han convergido sobre un mismo problema en tan poco tiempo. Que el Vaticano, la Casa Blanca y el G7 hablen simultáneamente de IA no es coincidencia: es la señal más clara de que la gobernanza de esta tecnología se ha convertido en uno de los grandes asuntos de nuestro tiempo.
En mis más de 20 años trabajando en la intersección del derecho, la ética y la tecnología, he llegado a comprender que los documentos que producen los responsables de políticas a menudo revelan más de lo que pretenden, y en muchos casos expresan aspiraciones sobre qué tipo de gobernanza es realmente posible.
Tomados en conjunto, estos tres textos revelan las tensiones, aspiraciones y realidades de poder que configuran el panorama de la gobernanza de la IA en 2026. Nos permiten explorar la realidad de la gobernanza internacional de la IA y, en particular, considerar las implicaciones para los llamados “países intermedios”.
La Orden Ejecutiva comienza con la declaración de que Estados Unidos lidera en IA “porque nos negamos a sofocar…la innovación con regulaciones excesivamente onerosas”. Esta postura ideológica inequívoca sitúa la desregulación como motor del dominio tecnológico estadounidense. En consonancia con esta visión, la Casa Blanca concibe un “marco voluntario” para el acceso a modelos de frontera como el instrumento de gobernanza adecuado. Por voluntario que sea, esto representa un avance: parece crecer el interés en controlar los riesgos, pero el control, al fin y al cabo, también es poder.
El G7, por su parte, aboga por directrices de contratación pública en IA y celebra al mismo tiempo una mayor participación del sector privado. Eleva el Marco de Informes del Proceso de IA de Hiroshima a la categoría de “plataforma clave de múltiples partes interesadas”, y al hacerlo propone una visión diferente: que la legitimidad de la gobernanza de la IA requiere una participación amplia y diversa, no solo acuerdos bilaterales entre estados y grandes corporaciones.
La encíclica parece captar hacia dónde se dirige el debate. Si bien sostiene que es necesario adoptar “herramientas regulatorias adecuadas capaces de sostener la justicia y frenar los efectos distorsionadores del poder tecnológico”, aclara que “el problema no se limita a la regulación”. Lo que el Papa identifica —y lo que mi propia experiencia confirma— es que necesitamos gobernanza además de regulación. Y la gobernanza abarca normas, instituciones, incentivos, procesos de múltiples partes interesadas y los marcos sociales, culturales y económicos en los que la tecnología se construye y utiliza.
León XIV sostiene que un mundo en el que actores privados poderosos superan la capacidad de gobernanza de los estados —agravado por la retirada de las instituciones multilaterales— crea precisamente las condiciones para que la IA se convierta en un instrumento de dominación en lugar de un motor del desarrollo humano. La amplia dependencia, tanto del G7 como de la Casa Blanca, en la participación voluntaria de la industria es sintomática de una nueva realidad: una realidad en la que un desequilibrio inherente tiene implicaciones potencialmente inmensas y peligrosas.
En este contexto, los países que no son potencias tecnológicas ni receptores pasivos de la globalización digital —lo que en Oxford Insights denominamos países “en transición” o “intermedios”— enfrentan un desafío específico: la construcción estratégica de su propia capacidad de gobernanza y más concretamente sobre su autonomía en el siglo XXI.
La soberanía de datos y la capacidad de cómputo son, en 2026, condiciones estructurales de la autonomía política. Un país que no puede procesar sus propios datos de salud pública, o que carece de capacidad para auditar los algoritmos que afectan las decisiones judiciales, no tiene ni soberanía sobre la IA ni una gobernanza significativa de ella. Esto no significa autarquía tecnológica, que sería inviable. Significa construir capacidad institucional doméstica: organismos de supervisión con competencia técnica genuina; marcos jurídicos que establezcan requisitos de transparencia y auditabilidad; y acuerdos regionales de infraestructura digital que reduzcan la dependencia de proveedores únicos y contribuyan a reequilibrar la distribución del poder.
En términos concretos, apoyar a los países intermedios significa entregar algo tangible: ayudar a los gobiernos a desarrollar experiencia técnica; identificar modelos regulatorios que puedan adaptarse a las realidades institucionales locales; construir coaliciones regionales que otorguen a los actores más pequeños influencia colectiva; y documentar lo que realmente funciona —no en teoría, sino en la práctica, en contextos específicos, con restricciones específicas.
Cada vez creo más en el papel estratégico que los países “intermedios” pueden —y deben— desempeñar como constructores activos de su propia gobernanza. Al fin y al cabo, la gobernanza de la IA no es simplemente un problema técnico que pueda resolverse con una solución técnica. Es, en esencia, un problema ético y político que exige soluciones éticas y políticas.
El éxito dependerá en última instancia de la calidad de las instituciones que construyamos, de la amplitud de las voces que incluyamos y de la voluntad política de tratar a la IA por lo que es: no una herramienta neutral, sino una elección civilizatoria —una en la que los países intermedios tienen tanto el derecho como la responsabilidad de contribuir a dar forma.
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